El púlpito del Diablo
Por Guillermo
Velásquez Forero
Es la que tanto
pregonan y exigen los dueños del poder y la violencia; la paz que les permita
seguir cometiendo a mansalva la guerra contra los pobres, débiles e indefensos.
Esa es la paz impuesta por el terror, la agresión y el crimen: la paz de los
desaparecidos y los muertos. Pero la paz que Colombia y el mundo necesitan es
la que se construye con el respeto al derecho ajeno, como la definió Benito
Juárez; la que surge del pacto social que nos garantiza la defensa y
preservación de la vida, la dignidad y los derechos; y que procura la justicia
social, el bienestar y la felicidad de todos.
La violencia es una
perra en celo, y la más prolífica de todas las plagas. La sabiduría popular es
pródiga en sentencias sobre este instinto depredador de la especie humana: la
violencia engendra violencia, el que a hierro mata a hierro muere. En efecto,
todos los actos violentos y vandálicos derivados de las sublevaciones
campesinas o paro agrario, apoyado por el pueblo, fueron suscitados, fomentados
y enardecidos por la violencia estatal, por la prepotencia y brutalidad de la
fuerza pública contra los manifestantes.
La policía es una
institución legítima, digna y respetable, cuya presencia y acción es indispensable
para mantener la paz y la armonía en la convivencia social, y tiene la misión
sagrada de proteger la vida, honra y demás bienes de los ciudadanos, y de velar
por la seguridad y tranquilidad de todos. Esta autoridad civil es la encargada
de salvaguardar la paz y cuidar la integridad de todas y cada una de las
persona; es una especie de ángel de la
guarda de la sociedad. Por esa razón, nuestros uniformados no deben ser
utilizados como sicarios para mandarlos a ofender, armar enfrentamientos, provocar
disturbios, agredir y causar heridos, mutilados y muertos, como lo hizo ese
rebaño de fieras armadas y adiestradas para hacer el mal, llamado ESMAD, en el
levantamiento de los campesinos y el pueblo colombianos en este histórico 2013.
Y como la justicia es
para todos, es urgente, sobre todo en los medios lacayos del poder violento,
publicar el cartel de los uniformados vándalos y terroristas que asesinaron a
por lo menos diez personas e hirieron a varios centenares de campesinos,
estudiantes y líderes populares; y ofrecer recompensa a los sapos que den
información que permita capturar y judicializar por sus crímenes a estos
delincuentes disfrazados de policías.
El presidente Santos
pidió disculpas al país por los atropellos, tropelías y homicidios cometidos
por su fuerza bruta. Pero el Estado debe responder ante la ley por estos abusos
de poder e indemnizar a las víctimas o a sus herederos, y garantizar que esos
desmanes no vuelvan a ocurrir; y a la Policía Nacional le conviene disolver ese
escuadrón de matones y recobrar su dignidad como institución armada cívica,
importante e indefectible en nuestra sociedad, que protege la vida, los bienes,
la paz y los derechos de todos los ciudadanos, entre ellos, el derecho a la
protesta política. Sígame en www.guillermovelasquez.com
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